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De materializarse lo pactado se cumplirá con una de las promesas del Programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Un acuerdo entre el Gobierno, representado por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), encabezada por David Acuña, permitió avanzar en un reajuste del ingreso mínimo mensual.
La firma del acuerdo conlleva, en concreto, la presentación de un proyecto de ley al Congreso Nacional que contempla la siguiente gradualidad: un incremento desde los actuales $410.000 a $440.000 el 1 de mayo de 2023; luego, a $460.000 el 1 de septiembre de 2023; y, posteriormente, alcanzar los $500.000 el 1 de julio de 2024. Posterior a esa fecha, a todo evento, se acordó efectuar un reajuste automático del ingreso mínimo mensual conforme el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se registre entre los meses de julio-diciembre de 2024 y que se concretará en enero del 2025.
Además, solo en el caso que el IPC acumulado durante 2023 supere el 6%, se realizará un alza previa de $10.000 el 1 de enero de 2024, quedando el salario mínimo en $470.000 en dicha fecha, para luego continuar con la gradualidad antes mencionada.
En la región de Coquimbo la Seremi del Trabajo, Claudia Santander, destacó la iniciativa y el acuerdo alcanzado con la CUT y dijo que “para nosotros como Gobierno es muy importante destacar el logro que se ha alcanzado con los trabajadores y trabajadoras para el reajuste del ingreso mínimo mensual, en el que podemos destacar el alza a $500.000 durante el próximo año, que es el compromiso que ha asumido nuestro presidente Gabriel Boric”.
“Entendemos que estamos en un contexto de ajuste económico en nuestro país, por lo que el Gobierno decidió avanzar en esta materia y esperamos que, tanto la Cámara de Diputados como el Senado puedan estar en la misma sintonía y ratificar este acuerdo alcanzado”, enfatizó la Seremi del Trabajo.
Beneficios y otros acuerdos
La propuesta del Gobierno contempla además el reajuste a los valores del Subsidio Único Familiar (SUF) y de la Asignación Familiar (AF) del 20%, introducido por la ley N°21.550 (medidas para la Seguridad Económica), reajustar los tramos de la Asignación Familiar a partir de mayo 2023, fijándose los siguientes valores:
a) Primer tramo para beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda los $515.879.
b) Segundo tramo para beneficiarios que su ingreso mensual supere los $515.879 y no exceda $753.496.
c) Tercer tramo para beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $753.496 y no exceda $1.175.196.
Respecto de los beneficiarios cuyo ingreso sea superior a $ 1.175.196 no tendrán derecho a asignación.
En torno al Subsidio Mensual para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado, que rige hasta el 31 de diciembre de 2023, se aumentará en su tope a $500.000 el 1 de enero de 2024, y se prorrogará su vigencia hasta julio de 2024, cuando el ingreso mínimo mensual alcance dicho monto.
Respecto a la protección del poder adquisitivo de las y los trabajadores, el Gobierno y la CUT acordaron:
a) Extender hasta mayo de 2024 el Bolsillo Familiar Electrónico, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2023.
b) Se acordó la creación del Consejo de Seguridad Económica de las y los Trabajadores, conformado por la Central Unitaria de Trabajadores y los ministerios del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda, de Economía y de Desarrollo Social y Familia, con el objetivo de hacer seguimiento al comportamiento de los precios de los alimentos y otros productos de primera necesidad. Del mismo modo, este Consejo podrá proponer políticas públicas que tengan por objetivo asistir a las familias que se ven afectadas por las alzas de precios de estos productos, así como reducir y prevenir el sobreendeudamiento de éstas.
Sobre el fortalecimiento del actor sindical y el diálogo social como parte integral del trabajo decente, se acuerda proponer al Congreso proyectos de ley para, en primer lugar, potenciar el Consejo Superior Laboral con el objetivo de promover el diálogo social y relaciones laborales justas, a través del desarrollo de procesos de participación en la formulación de propuestas de políticas públicas.
